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Racismo y xenofobia en la política española
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Desde que hace ya dos años comenzaron a aparecer con fuerza los síntomas de la actual situación de crisis social y económica, los colectivos sociales que trabajamos en el ámbito de la inmigración hemos advertido reiteradamente de la necesidad de extremar la responsabilidad a la hora de tratar el fenómeno migratorio desde los foros políticos y mediáticos, ya que estos momentos son especialmente propicios para que surjan indeseables brotes de racismo y xenofobia. Desgraciadamente, estos llamamientos de la sociedad civil han tenido un escaso eco. Tanto con reformas legislativas tremendamente restrictivas (la conocida como “Directiva Retorno” europea y la reciente reforma de la Ley de Extranjería española, principalmente) como con constantes mensajes vertidos desde los más diversos sectores, se está señalando, directamente o indirectamente, que la presencia de población de origen inmigrante en Europa y España es un factor que agrava las consecuencias de la crisis.
Y en los últimos días, a raíz de la decisión del Ayuntamiento de Vic de intentar no empadronar a sus vecinos/as de origen inmigrante en situación documental irregular, se ha iniciado una espiral de declaraciones públicas y propuestas políticas que son muy alarmantes por sus posibles efectos de fomento del rechazo social hacia nuestros/as conciudadanos/as de origen inmigrante. Señalamos brevemente aquéllas que nos parecen de mayor gravedad y nuestras valoraciones al respecto.
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