Denuncia ante la ONU caso de discriminación racial

Rosalind Williams, una mujer de negra, fue sometida en 1992 a un control policial por su aspecto.

Organizaciones de Estados Unidos y España que luchan contra el racismo esperan que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU determine que los controles policiales basados en rasgos físicos o étnicos son ilegales, a propósito de un caso ocurrido en Valladolid. «Queremos que la Comisión de Derechos Humanos salga y diga que esta práctica es ilegal y que el gobierno de España cambie la ley o clarifique su aplicación», señaló ayer a Efe Indira Goris, de Open Society Justice Iniciative.

Esta entidad, junto a Women’s Link Worldwide y SOS Racismo, han tramitado una demanda ante esa instancia de la ONU en representación de Rosalind Williams, una mujer negra y con nacionalidad española que fue sometida a un control policial en Valladolid , en 1992.

Cuando la mujer inquirió al agente por qué le pedía que se identificara y no hacía lo mismo con otros parientes que la acompañaban, de raza blanca, le explicó que tenía ordenes de identificar a personas de su mismo aspecto, porque «muchas de ellas son inmigrantes ilegales».

Después de un prolongado litigio, el Tribunal Constitucional español estableció en 2001 que la policía puede realizar controles de identidad basados en determinadas características físicas o étnicas, por considerarlas indicadores razonables de origen extranjero, explicaron las organizaciones.

Los impulsores de la demanda reclaman que la raza o etnia no sea un criterio para el control de la identidad y afirman que éste es un problema que va en aumento en muchos países europeos, incluido España. La demandante alega que la actuación de la policía española violó su derecho a no ser discriminada y a la libertad de movimiento.

Goris explicó que el deseo de las organizaciones hubiera sido llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ser sus decisiones vinculantes para los países miembros, pero que se habían superado los plazos previstos para tramitarlo en dicha instancia judicial.

Sin embargo, no hay limitaciones de plazo para presentar un caso de este tipo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU , por lo que presentaron finalmente la demanda la pasada semana ante esa entidad con sede en Ginebra. «El control de identidad policial discriminatorio no es sólo un error; es una mala política», señaló Viviana Waismanm, directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, en un comunicado. «Son una invitación al abuso policial y a menudo exponen a la población más vulnerable a situaciones peligrosas».

Fuente: EL NORTE/VALLADOLID