Recorrido de segregación inmobiliaria

Una investigación de SOS Racismo sobre vivienda e inmigración muestra un panorama de discriminación social fomentado por la Ley de Extranjería. La organización denuncia la estigmatización del colectivo.

El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La vivienda libre está por las nubes, la de protección oficial es escasa e impone unas estrictas condiciones. Si para cualquier persona un techo es una necesidad esencial para desarrollar una vida plena, tener un espacio de intimidad y seguridad, para las personas inmigradas supone una ventana a buena parte del resto de sus derechos que limita la Ley de Extranjería. El empadronamiento permite acceder al sistema público de sanidad, educación y otras prestaciones, y demostrar el arraigo social: la principal vía por la que se regularizan las personas inmigradas sin papeles. Para reagrupar familiares la normativa también exige unas duras condiciones respecto a la vivienda.

Además de ese racismo institucional, las imágenes en los medios de comunicación de conflictos en barrios y escuelas identificados como guetos o de los llamados “pisos patera” estigmatizan aún más al colectivo y aumentan las actitudes de exclusión por parte de inmobiliarias y arrendadores. SOS Racismo Bizkaia organizó unas jornadas en Bilbao para abordar las diferentes caras de la discriminación en el acceso a la vivienda.

Fuente: rebelion.org