Historia de las Cajas de Ahorro españolas

Antecedentes. Los Montes de Piedad

El origen de las Cajas de Ahorro está vinculado históricamente a las instituciones de tipo benéfico, especialmente a los Montes de Piedad. Éstos surgieron en la Italia del siglo XV, a iniciativa de los franciscanos, quienes otorgaban préstamos prendarios “sin interés” para satisfacer necesidades más elementales.

Inicialmente, tanto las cantidades prestadas como los gastos de administración se nutren de limosnas y donativos que los monjes lograban de algunas personas pudientes. No obstante, estos recursos pronto se manifestaron insuficientes y se hace necesario cobrar intereses, hecho que supuso críticas dentro de la Iglesia.

Estas críticas no serían atemperadas hasta que el Concilio de Letrán en 1515 se admitió la posibilidad de establecer un moderado interés por los préstamos prendarios. El Concilio de Trento (1545-1563) proclamó el carácter benéfico de los Montes de Piedad.

En el siglo XVIII, los Montes de Piedad están patrocinados por la iniciativa real, manteniéndose la inspiración benéfico – religiosa de su funcionamiento.

A medida que las circunstancias socioeconómicas fueron cambiando, se crearon en los propios Montes de Piedad las Cajas de Ahorros, para fomentar el ahorro entre las clases más humildes.

El concepto de “Caja de Ahorros” no aparecerá en Europa (concretamente en Gran Bretaña) hasta la segunda mitad del siglo XVIII, fundado en el pensamiento de Jeremy Bentham (1748-1832). Benthan considera las Cajas de Ahorro como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, a través de la remuneración del ahorro, lo que proporcionaba un nivel de seguridad económica superior.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX se constata la expansión de estas instituciones en países como Alemania e Inglaterra, donde la reforma protestante supuso el rechazo al planteamiento piadoso de los Montes de Piedad. Las primeras Cajas de Ahorros se fundaron en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. (Brunswick, 1765 y Hamburgo, 1768)

Antecedentes en España

Los Pósitos son los precursores de los Montes de Piedad. Aparecen durante el Antiguo Régimen, teniendo lugar su impulso durante los siglos XVII y XVIII. Su principal cometido era hacer acopio de grano (principalmente de trigo y centeno) para prestárselos a los labradores, en épocas de escasez, con réditos moderados.

Por ejemplo, en la provincia de Segovia, según la Reseña Geográfica y Estadística de España de 1888, en 1885 había 76 edificios pertenecientes a Pósitos, cuyo capital ascendía 257.976,35 pesetas. Fueron desapareciendo a medida que otras instituciones cubrieron dichas necesidades.

Se dice que el primer establecimiento implantado en España fue el Monte de Piedad de Madrid, iniciado por el Capellán del Convento de las Descalzas Reales de Madrid, Francisco de Piquer y Rodilla, en 1702, cuyas oficinas se abrieron el 1 de mayo de 1724. El 1 de enero de 1750, se funda el Monte de Piedad “Nuestra Señora de la Esperanza ”

Posteriormente, la idea de promover Cajas de Ahorro comienza en el “trienio liberal” (1820-1823), especialmente con la vuelta de los ilustrados exiliados después de la muerte de Fernando VII. Aparecen en el marco de una sociedad muy castigada por la Guerra de la Independencia , con el fin de luchar contra la usura que sufrían los pequeños agricultores en los momentos de malas cosechas. En ocasiones fueron creadas por miembros de organizaciones católicas.

En otras, son las “sociedades Amigos de País” las que asumen la promoción de las Cajas de Ahorro; en Madrid se funda una Caja de Ahorros en 1838, poco después de que en 1834 un concurso de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País premiara una memoria sobre el establecimiento y fundación de una Caja de Ahorros.

En conclusión, las Cajas de Ahorros españolas nacen con cierto retraso respecto a otros países, y casi siempre ligadas a los Montes de Piedad anteriores o creadas al mismo tiempo. Sus principales objetivos eran conducir el ahorro popular hacia la inversión y realizar una labor social en sus respectivos ámbitos territoriales.

Las primeras Cajas de Ahorro

La Caja de Ahorros más antigua fue fundada el 24 de febrero de 1834 en Jerez de la Frontera por el Conde de Villacreces, según se menciona en la Real Orden de 3 de abril de 1835. Desapareció al poco tiempo y tuvo que volverse a crear por Real Orden de 19 de noviembre de 1859.

El 1 de febrero de 1835 abría sus puertas al público la Caja de Ahorros y Previsión de Madrid, gracias al empuje de ilustres personalidades como el Marqués de Pontejos, Ramón Mesonero Romanos y Francisco Acebal Arratia, siendo, desde el punto de vista jurídico, la primera Caja de Ahorros, aprobada por Real Decreto de 25 de octubre de 1838.

La Real Orden de 3 de abril de 1835

El 3 de abril de 1835, el Ministro del Interior Diego Medrano y Treviño firma la Real Orden , por orden de la Reina regente, por la que se insta a los gobernadores civiles a que impulsen en sus respectivas provincias la creación de cajas de ahorros, implicando en esta tarea a las personas “pudientes” y con “espíritu filantrópico” o disponiendo de los medios públicos que fueran necesarios al efecto.

Tras la creación oficial de la Caja de Ahorros de Madrid el 25 de octubre de 1838 aparecen las de Granada (1839), Santander (1839), Sagunto (1841), Valladolid (1841), Sevilla (1842), La Coruña (1842), Barcelona (1839-1844) y Valencia (1851). En estos casos las Cajas de Ahorro quedan vinculadas a los Montes de Piedad, sean de creación anterior o de creación simultánea. La razón de esta vinculación estriba en la falta de confianza en el crédito oficial que en otros países europeos era el destino principal de las inversiones hechas con los fondos de las cajas de ahorro.

El Real Decreto de 29 de junio de 1853

Constituye el segundo gran impulso en la creación de Cajas de Ahorro. Este decreto representa la primera legislación en materia de Cajas de Ahorro, siendo una normativa de carácter reformista y de una rigidez excesiva. Pretendía una regulación completa del funcionamiento y carácter de las cajas, obligándolas a la adaptación de sus estatutos al modelo de la caja madrileña. El decreto confiaba el protectorado de las Cajas de Ahorro al Ministerio de la Gobernación y obligaba a su creación en todas las capitales de provincia, a iniciativa del gobernador civil.

En la práctica la disposición más importante del Real Decreto está en su artículo 4.º que obligaba a depositar en la Caja General de Depósitos y Consignaciones el capital no invertido en los Montes de Piedad. Esta Caja General era un organismo estatal que tenía la función de invertir en títulos de déficit consolidado. Así, por primera vez aparece la vinculación de las cajas de ahorro a la financiación del déficit público, vinculación que provocó la protesta de las juntas rectoras de las cajas de ahorro por desconfianza en la solvencia financiera del Estado, desconfianza se manifestó en la importante baja de las imposiciones en los años 1853 a 1855.

El Real Decreto del año 1853 no fue aplicado al pie de la letra, como suele ser habitual Ni fueron creadas cajas en todas las capitales de provincia, ni fueron respetadas las normas de las inversiones a la Caja General de Depósitos y Consignaciones. Hasta el año 1880, fecha de la nueva regulación de las Cajas de Ahorro, se crearon en 1856 el Monte de Piedad de Vitoria, en 1859 el de Jerez de la Frontera , en 1863 el de Málaga y en 1864 el de Córdoba. Ya en la década de los setenta se fundaron el Monte de Piedad de Alcoy (1875), Zaragoza (1876), Alicante (1877), Segovia (1877), Valencia (1878), Ávila (1878), San Sebastián (1879) y Orihuela (1879).

La crisis financiera que afectó parcialmente al déficit público a partir del año 1865 demostró la desconfianza en el mecanismo de la Caja General y provocó dificultades a las cajas de ahorro, incluso la fallida de la Caja de Valencia.

La ley del 29 de junio del año 1880

La siguiente disposición importante en relación con las cajas de ahorro se produce en el año 1880, durante el periodo de la restauración borbónica. Esta Ley tiene un carácter totalmente opuesto a la anterior de 1853: anula los aspectos uniformes y respeta la realidad diversa en la gestión y promoción de las Cajas de Ahorro.

En este sentido, la aprobación de los reglamentos y estatutos de las cajas no está sujeta a su homologación, ni a un modelo determinado. Esta Ley remarca el carácter benéfico de las cajas, pero sin someterlas al régimen uniforme de las instituciones de carácter municipal, reconociendo el origen privado de muchas de las cajas en funcionamiento.

Esta nueva ley provocó una importante creación de nuevas Cajas de Ahorro, entre las que cabe señalar, solo en Cataluña, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Lérida (1880), Caja de Ahorros de Palafrugell (1880), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Figueras (1884) y Caja de Ahorros de Manlleu (1896). En conjunto, no solo se produjo un incremento del número de entidades (que pasó de 12 a 49), sino también un importante crecimiento de recursos.

El siglo XX

La evolución posterior de las Cajas está ligada a la transformación del concepto de beneficencia y la progresiva sustitución de éste por el concepto de seguro social El Instituto Nacional de Previsión se crea en el año 1908 y el sistema de seguros sociales cubre solamente una pequeña parte de las necesidades de los asalariados, fundamentalmente las pensiones para la vejez.

Desde entonces hasta nuestros días el número de cajas ha ido en aumento, manteniéndose, más o menos, ceñidas al objetivo por el cual nacieron, que es dar un servicio a toda la sociedad. Las Cajas de Ahorros se han ido convirtiendo en auténticas instituciones financieras, ofreciendo a sus clientes una completa gama de servicios, compitiendo con el resto de entidades bancarias, hasta alcanzar más de un 50% de cuota de mercado.

Real Orden de 3 de abril de 1835

Apoyo del Gobierno al movimiento fundacional de Cajas de Ahorro en España

Algunos pueblos cultos han sustituido ventajosamente a los medios adoptados antes para establecer la moral y mejorar la condición de las clases industriosas ciertas cajas de ahorro, donde el menestral, el jornalero y todo hombre laborioso puede depositar sumas muy tenues bajo la confianza de obtener un rédito proporcionado, de capitalizar los intereses en cortos periodos, y de realizar sus fondos en todo tiempo.

Cuando semejantes instituciones prestan garantías seguras, contribuyen en gran manera a propagar el espíritu de economía, y con él la propensión al trabajo; a desterrar los vicios, y con ellos las enfermedades y delitos de que son gérmenes; a unir al hombre a su profesión, puesto que ella le proporciona, no sólo su presente subsistencia, sino esperanzas lisonjeras para lo futuro; y por último, a inspirarle amor al orden público, porque de él depende el goce estable del fruto de sus tareas.

Desgraciadamente no es posible plantear, desde luego, entre nosotros las cajas de ahorro del mismo modo que se hallan establecidas en otros países, donde tantos bienes sociales producen: llegará un día en que, restablecido enteramente el crédito del Estado, sean los fondos públicos el asilo seguro y ventajoso de los ahorros del pobre; pero mientras renace la confianza, mientras se cicatrizan las llagas, que tantas causas diversas han descubierto a este cuerpo político, hay que esperarlo todo del espíritu de filantropía que anime a los ricos, y del celo de las autoridades en cuyas manos está depositada la administración de los pueblos.

Ya el conde de Villacreces, en Jerez de la Frontera , ha establecido una Caja de Ahorros, donde pueden hacerse imposiciones desde 4 reales de vellón hasta 2.000, no excediendo de 20.000 las de una misma persona, donde a cada acreedor se entregará un librete en que consten las imposiciones y reembolsos; donde se abonará un 4 por 100 anual quince días después de hecha la imposición, capitalizándolo todos los años; donde podrán reembolsarse los acreedores de sus imposiciones e intereses devengados, avisando ocho días antes cuando la cantidad no pase de 500 reales, y un mes siendo mayor; y donde se ofrece la más severa reserva sobre estas operaciones. (Véanse los Anales Administrativos de 24 de febrero y 11 de marzo de este año, números 192 y 207.)

El gobernador civil de Valencia, animado asimismo del mejor celo, desea establecer en aquella provincia una Caja de Ahorros; y Su Magestad, que anhela constantemente el bienestar y la prosperidad de los españoles, se ha servido mandarme prevenga a V. S., como lo ejecuto de su Real orden, que mirando este asunto como del primer interés, excite a los pudientes, o proponga los medios que según las circunstancias de esa provincia sean adecuados para establecer en ella Caja o Cajas de Ahorro, teniendo siempre a la vista que la seguridad de los fondos depositados es entre las condiciones que este género de establecimientos requiere la más esencial para su feliz éxito.

Madrid, 3 de abril de 1835. Diego Medrano.

Real Orden de 17 de abril de 1839

Dispone la creación en cada provincia de una Caja de Ahorros y de un Monte de Piedad)

Por Real orden circular de 3 de abril de 1835 se previno a los gobernadores civiles que propusiesen los medios que según las circunstancias particulares de su respectiva provincia fuesen más a propósito para establecer en ella una o varias Cajas de Ahorro, excitando al efecto el celo de las personas pudientes, y desplegando las mismas autoridades todo el que fuera necesario para la realización de una medida tan útil e importante.

La situación del país no ha sido ciertamente desde entonces la más a propósito para llevar a cabo los deseos de Su Magestad la Reina Gobernadora , consignados en aquella exhortación. Pero secundados éstos, no obstante, en Madrid por personas conocidas de antiguo por su filantropía y bien entendido patriotismo, se han visto cumplidos con la instalación de la Caja de Ahorros, verificada en 17 de febrero último.

El sorprendente y feliz resultado que ésta ha ofrecido desde el primer día de su apertura, y las ventajas que ha producido además a otro establecimiento no menos benéfico, el Monte de Piedad, por las relaciones que entre ambos se han abierto en favor de la clase poco acomodada, persuaden de que si se afianza debidamente la seguridad de los depósitos, se generalizará en España una institución que para otras naciones ha llegado a ser un nuevo elemento de su prosperidad a muy poco de adoptarla. En consecuencia, Su Magestad se ha servido prevenirme encargue a V. S. como lo ejecuto de Real orden, que por cuantos medios le sugiera su filantropía y el deseo de merecer el agrado de Su Magestad, procure que se establezca en esa provincia al menos una Caja de Ahorros, asociándola a un Monte de Piedad, o promoviendo también la creación de establecimientos de esta especie; y que haga V. S. por interesar en tan laudable empresa a las personas más notables por su probidad, arraigo y crédito; y por fin, que para la ejecución de cuanto precede, tenga V. S. presente el reglamento para la organización, dirección y administración de la Caja de Ahorros de Madrid, y la instrucción formada para la junta directiva de la misma, que se publicaron en las “Gacetas” de 31 de octubre de 1838 y 6 de febrero del presente año; sin perjuicio de que si lo juzga V. S. necesario, se dirija además a los directores de la expresada Caja, de cuyo bien notorio celo debe esperar que le facilitarán cuantas noticias puedan y sean conducentes al cumplimiento de las órdenes de S. M. Y es su Real voluntad que avise V. S. el recibo de ésta, y dé parte cada 15 días de lo que adelante en el particular, exponiendo muy prolijamente los obstáculos que se presenten y los medios que en su opinión puedan adaptarse para removerlos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 17 de abril de 1839.-Hompanera de Cos.

Real Decreto de 29 de junio de 1853

Establecimiento de Cajas de Ahorros en las capitales de provincia, con sucursales en los pueblos

Teniendo en consideración las razones que me ha expuesto mi ministro de la Gobernación , vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º Se establecerán Cajas de Ahorros en todas las capitales de provincia en que no las haya, con sucursales en los pueblos de las mismas donde a juicio de los gobernadores v de los Ayuntamientos respectivos puedan ser convenientes.

Artículo 2º Las Cajas de Ahorros recibirán todas las cantidades desde cuatro hasta trescientos reales que en los días señalados por los Reglamentos impongan en ella los particulares. La primera imposición de cada individuo podrá ser hasta de mil reales

Artículo 3º Las cantidades que se impongan en las nuevas Cajas de Ahorros devanarán un rédito de tres y medio por cien anual, a contar desde una semana después de la imposición. Los intereses se acumularán al capital cada seis meses, a saber: en 1 de enero y en 1 de julio de cada año, y devengarán desde entonces el mismo rédito.

Artículo 4º A fin de que dichas Cajas puedan establecerse, desde luego, en todas las provincias y abonar a los imponentes el interés que les corresponde, quedan autorizadas para imponer sus fondos en la Caja general de consignaciones y depósitos o sus sucursales, en calidad de depósito voluntario reintegrable a voluntad, con aviso anticipado de quince días e interés anual de cinco por ciento. Si las Juntas de gobierno tuvieren otro medio seguro, legal y público de emplear dichos fondos, podrán proponerlo al Gobierno adoptarlo con su autorización.

Artículo 5º Con la suma que produzca la diferencia entre el interés que abone la Caja de depósitos v el que pague la de Ahorros a sus imponentes, se satisfarán los gastos indispensables de administración y contabilidad de la misma; y si hubiere sobrante, se destinará a constituir un fondo de reserva para los fines que se expresarán más adelante.

Artículo 6º Las cantidades impuestas en las Cajas sucursales Se trasladarán inmediatamente a la principal respectiva por el medio más seguro, pronto, y económico que arbitren las juntas de gobierno, las cuales podrán reclamar para este efecto, cuando lo crean necesario, el auxilio de la autoridad. Si en el pueblo donde se hallen establecidas las sucursales de las Cajas de Ahorros tuviere también la suya la general de depósitos, las primeras entregarán a la segunda todos sus fondos, dando cuenta inmediatamente a la principal de que dependan.

Artículo 7º Por mi ministro de Hacienda se darán las órdenes oportunas para que si alguna Caja de Ahorros recaudase menos de 2.000 reales por sí y por medio de sus sucursales durante la semana que media desde la imposición hasta que los capitales comienzan a devengar interés, se admita, sin embargo, por la Caja de depósitos la cantidad recaudada como excepción de lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de dicha Caja de catorce de octubre de mil ochocientos cincuenta y dos.

Artículo 8º Los que impongan cantidades en las Cajas de Ahorros las podrán retirar a su voluntad en todo o en parte, y serán reintegrados de ellas en el término de una a tres semanas, contadas desde el día en que formalicen su petición. En este caso, cesarán de devengar interés las cantidades reclamadas desde el día en que se pida su devolución. El plazo para el reintegro será de una a cinco semanas en las sucursales que deban enviar sus fondos a la principal, a fin de que ésta los imponga en la Caja general de depósitos.

Artículo 9º Las juntas de gobierno de las Cajas podrán también acordar en casos especiales, a juicio del gobernador de la provincia, y previa siempre la aprobación de éste, que se hagan los reintegros al contado.

Artículo 10º Estos establecimientos serán dirigidos y administrados por una Junta de gobierno presidida por el gobernador de la provincia en las capitales y por el alcalde en los demás pueblos. Se compondrá dicha Junta de seis a diez v ocho vocales, según lo exijan las necesidades del servicio, y se renovarán periódicamente en la forma que determinan los Reglamentos. El nombramiento y renovación de los vocales de las Cajas de Ahorros de capital se hará por el Gobierno, o propuesta en terna de la misma junta, elevada por conducto del gobernador; el de los vocales de las juntas de sucursal se hará por el gobernador respectivo en la misma forma. Para constituir las juntas que de nuevo se establezcan se harán las propuestas por los gobernadores y los Ayuntamientos, respectivamente. Será individuo nato de unas y otras el cura párroco más antiguo que hubiese en la población.

Artículo 11. Los cargos de que trata el artículo anterior serán honoríficos y gratuitos.

Artículo 12. Cuando las Cajas de Ahorros o las sucursales de las mismas que se establezcan en virtud del presente decreto reúnan el capital necesario, a juicio de las Juntas de gobierno respectivas y con aprobación del gobernador de la provincia, abrirán al público un Monte de Piedad cada una. Para establecerlo, retirarán de la Caja de depósitos la cantidad que juzguen conveniente, a fin de atender con. ella a las operaciones del Monte.

Artículo 13. Ambos Establecimientos se situarán en un mismo local, serán servidos por unos mismos empleados Y se dirigirán y administrarán por una misma junta de gobierno.

Artículo 14. Los Montes de Piedad abonarán a las Cajas de Ahorros de que depende un interés del cinco por ciento anual de todas cantidades que inviertan en sus operaciones.

Artículo 15. Los Montes de Piedad harán préstamos a los particulares desde diez a cinco mil reales sobre prendas de valor, las cuales podrán ser alhajas de oro o plata, metales o copelaciones de todas especies, piedras o perlas finas, cáñamo, lino, seda, lana o algodón manufacturados o por manufacturar, papel de todas especies, azúcar, café, cacao, cera, títulos de la Deuda consolidada y cualesquiera otros objetos de valor intrínseco y permanente, a juicio del tasador, y previa autorización y acuerdo del director de semana, con tal que sea susceptible de colocación y conservación, sin deterioro, merma o pérdida de valor en los almacenes del establecimiento.

Artículo 16. También podrán hacerse préstamos sobre prenda de muebles, herramientas o ropas hechas. lavadas o por lavar, pero en este caso no pasará de doscientos reales la suma que puede prestarse a una misma persona.

Artículo 17. Un tasador nombrado por la junta de gobierno, retribuido de la manera que determinen los reglamentos, apreciará los efectos que se presenten a empeño, y fijará, bajo su responsabilidad, el máximun de la cantidad que puede prestarse sobre ellos.

Artículo 18. Este tasador prestará la fianza que determinen los mismos reglamentos. Su retribución consistirá precisamente en un tanto por ciento de las cantidades que se presten con su intervención.

Artículo 19. Los préstamos sobre todos los efectos mencionados en los artículos 15 y 16, excepto los títulos de la Deuda del Estado, se harán, a lo sumo, por doce meses, dentro de los cuales podrá el deudor desempeñar sus efectos abonando los intereses vencidos.

Artículo 20. Los préstamos sobre efectos de la Deuda pública no se harán jamás por un plazo mayor de tres meses.

Artículo 21. Transcurridos los plazos mencionados en los dos artículos anteriores, no podrá renovarse el préstamo, a menos que la prenda consista en alhajas, metales o piedras finas, en cuyo caso podrá hacerse la renovación en los términos que prescribe el Artículo 17.

Artículo 22. Los Montes exigirán por las cantidades que presten un rédito anual, que será uno y medio por ciento en las cantidades desde diez a cincuenta reales; tres por ciento desde cincuenta y uno a ciento reales; seis por ciento desde ciento uno a cinco mil reales. La persona que haya contraído un préstamo al uno y medio o al tres por ciento, no podrá exigir otra el mismo interés mientras no haya reintegrado el primero.

Artículo 23. Los intereses empezarán a devengarse desde el mismo día en que se hagan los empeños y se cargarán a los deudores por decenas de días, debiendo pagarse por completo la decena en que se haga el reintegro aunque no esté concluida. El pago de rédito se hará siempre al verificarse el desempeño de la prenda.

Artículo 24. La renovación de todo empeño se considerará como un préstamo nuevo, sujeto a las mismas formalidades que el anterior, y por el cual no devengara el Monte mayores intereses ni devengos..

Artículo 25. En el Reglamento de los Montes se adoptarán las precauciones necesarias para asegurarse de la identidad de la persona que empeñe, su nombre, edad, domicilio, estado y profesión

Artículo 26. Las prendas que no hayan sido desempeñadas transcurrido el año de su empeño, o los tres meses en su caso, se venderán en pública almoneda, anunciándose ésta con un mes de antelación, reproduciendo tres veces el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, indicando sus señas principales y el número con que hubieren sido registradas, el cual deberá constar en la papeleta o recibo que obre en poder del interesado.

Artículo 27. Será nula la venta de cualquier efecto empeñado que se haga sin las condiciones prescritas en el artículo anterior. El dueño de la prenda que se enajene sin dicha formalidad podrá reclamarla judicialmente de cualquiera persona que la tenga en su poder y recuperarla sin desembolso alguno.

Artículo 28. Los individuos de las juntas de gobierno y los empleados en los Montes de Piedad ni podrán adquirir por sí ni por medio de otra persona en licitación pública ni fuera de ella los objetos empezados en dichos establecimientos.

Artículo 29. En las ciudades populosas tendrá el Monte las sucursales que sean necesarias, a juicio del Gobernador de la Provincia , para facilitar los préstamos. Los Reglamentos determinarán las relaciones de estas sucursales con el Monte respectivo y la manera de ejecutar sus operaciones.

Artículo 30. Las Cajas de Ahorros que existen en la actualidad podrán establecer sucursales con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1º; y sin perjuicio de seguir abonando a sus imponentes el mismo interés que les paga hoy, si fuere el cuatro por ciento, modificarán sus Reglamentos a fin de acomodarlos a lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 31. Las mismas Cajas podrán imponer los fondos que no tengan aplicación inmediata en los Montes de Piedad, unidos a ellas, en la general de consignaciones y depósitos, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4º, 5º y 6º.

Artículo 32. Los Montes de Piedad que existen hoy modificarán sus Reglamentos, con aprobación del Gobierno, a fin de que sus operaciones puedan verificarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13 al 29, inclusive de este Real decreto.

Artículo 33. Cuando haya sobrantes para constituir el fondo de reserva de que trata el Artículo 5º, se destinará éste:

Primero. A saldar los intereses de las fracciones de capital menores de cien reales impuestas en las Cajas de Ahorros.

Segundo. A cubrir el desnivel que ha de resultar en su caso por los préstamos que hagan los Montes de Piedad a interés menor del seis por ciento.

Tercero. A formar un fondo de emulación para los imponentes que acrediten haber impuesto cuatro reales o mayor cantidad todas las semanas durante cinco o diez años consecutivos en las Cajas de Ahorros. Con este objeto votarán todos los años las Juntas de gobierno, con la aprobación del gobernador de la provincia, una cantidad a voluntad, pero que nunca podrá exceder del diez por ciento del fondo de reserva a la sazón disponible; la administrarán y harán productiva, y la irán adjudicando, en su día, en la forma que determinen los Reglamentos, y en la proporción que las mismas Juntas hayan acordado previamente, a los imponentes que estén en el caso prevenido en el presente artículo. Para optar a esta recompensa otorgada a la moralidad, la laboriosidad y la constancia, ha de ser circunstancia precisa que el imponente pertenezca a la clase jornalera.

Cuarto. A desempeñar cada año, con la suma que al efecto vote la Junta de gobierno, con la aprobación del gobernador y que no podrá exceder de otro diez por ciento del fondo de reserva disponible, prendas que están empeñadas por menos de cincuenta reales, empezando por los deudores más antiguos y entre éstos por los más pobres. Esta gracia podrá hacerse extensiva a los empeños de cien reales cuando se hayan tomado dando en prenda herramientas de arte u oficio que necesite el deudor para trabajar.

Quinto. A aumentar el rédito de los capitales impuestos en las Cajas de Ahorros, para lo cual, y para que subsista el aumento aplicable también a los que en lo sucesivo se impusieren, se instruirá expediente que, remitido por conducto del gobernador de la provincia, se ha de someter a mi real aprobación.

Artículo 34. Las disposiciones de este Real Decreto y las Ordenanzas del Monte de Piedad y de la Caja de Ahorros de Madrid servirán de norma para formar los Reglamentos de los Establecimientos de la misma especie que se creen de nuevo en las provincias. Estos Reglamentos se harán por los gobernadores, de acuerdo con las Juntas de gobierno, y serán aprobados por el Ministerio de la Gobernación.

Artículo 35. Las Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad hoy existentes empezarán a regirse dentro de dos meses por las disposiciones de este Real Decreto.

Artículo 36. Los Montes de Piedad las Cajas de Ahorros, con sus respectivas sucursales, tendrán, para los efectos de la Ley , el carácter de Establecimientos municipales de beneficencia.

Artículo 37. Quedan derogadas las disposiciones anteriores contrarias a las de este Real Decreto.

Dado en Aranjuez, a veintinueve de junio de mil ochocientos cincuenta y tres.

Fuente: Wikipedia